El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a cinco ediles del Ayuntamiento de Valle de Bravo, quienes fueron destituidos sin previo aviso por la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce el 28 de junio de 2024.
El juez federal resolvió que dicha remoción, así como la suspensión de sus pagos, fue ilegal, arbitraria y anticonstitucional, y ordenó la restitución de sus percepciones, así como medidas reparatorias por la violación a sus derechos.
El fallo también señala que la presidenta municipal y el secretario del Ayuntamiento violaron el derecho fundamental de petición de los servidores públicos afectados, al no responder sus solicitudes legales.
En consecuencia, se ordenó atender debidamente dichas peticiones y dejar sin efecto el oficio que suspendía sus pagos; esta decisión se suma a otras resoluciones que evidencian presuntos abusos de poder y desorden institucional en la administración 2022–2024.
Los ediles afectados denunciaron la falsificación de firmas y declaraciones por parte de autoridades municipales, lo que está siendo investigado judicialmente; advirtieron que, de confirmarse la falsificación, podría haber consecuencias penales.
Los firmantes del comunicado incluyen a Pastor Nava Montoro, María Magdalena Rodríguez Benítez, Edgar Ledezma Bernal, Adrián Carlos Benítez García y Alejandro Reyes Jaramillo; síndico y regidores legalmente electos por el pueblo de Valle de Bravo.
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