-Presentes: Rufino H. León Tovar y Jesús Cadena, magistrados electos; diputada Xóchitl Zagal, sindica Yazmín Nájera y Pepe Benítez, consejero nacional.
Con la presencia de figuras del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial —entre ellas Rufino H. León Tovar, magistrado electo del ámbito federal, y Jesús Cadena, magistrado electo del Estado de México—, donde una de las principales tareas de este tribunal será iniciar procesos contra jueces y magistrados que violen disposiciones legales; al hacer uso de la palabra los magistrados subrayaron que el combate a la corrupción no será accesorio, sino parte medular del rediseño institucional.
De igual manera estuvieron presentes representantes políticos como: la diputada federal, Xóchitl Zagal; la sindico de Toluca, Yazmín Nájera; y el consejero nacional de Morena, José Benítez; su participación fue fructífera en lo referente a defensa de la niñez, procuración de justicia, combate a la corrupción y separación del poder económico del judicial.
De los puntos a tratar fueron el sostener una coordinación, transparencia y cercanía con la ciudadanía; y sobre todo el encuentro, extenso y con diálogo franco, marcó una ruptura con la lógica de las “giras de agradecimiento”; se discutieron alcances de la reforma judicial, se identificaron retos y se delinearon pasos para que los cambios no se queden en el discurso.
Los ejes fueron claros y complementarios:
-Combate a la corrupción y privilegios para garantizar que el acceso a la justicia sea real y parejo.
-Transparencia y eficiencia, con nuevas reglas y órganos que acerquen la justicia a la gente y midan resultados.
-Separación del poder económico del judicial, para blindar decisiones frente a intereses particulares.
-Defensa de la niñez y procuración de justicia con foco en víctimas y en la calidad de las resoluciones.
En un dialogo abierto y sincero, más que posicionamientos, fue intercambio de diagnósticos y rutas de implementación; los compromisos que surgieron fueron: mantener mesas periódicas de diálogo, establecer canales de coordinación operativa con juzgados y autoridades locales, y abrir espacios de orientación legal para que la ciudadanía entienda cómo la reforma impactará sus procesos y derechos.
La transición judicial ya está en marcha; la expectativa es que los lazos de coordinación que se tejieron se traduzcan en decisiones tangibles: sanción a conductas indebidas, mayor claridad en los procedimientos y cercanía con comunidades que exigen resultados.
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